El desconocimiento por parte del Estado y las empresas mineras de nuestros derechos como pueblos indígenas. Pese a los avances desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia de incorporar en la normatividad nacional nuestros derechos, como por ejemplo la consulta, ello aún no expresa nuestros reales intereses y derechos reconocidos internacionalmente.
La ampliación y agudización de los conflictos socio ambientales generados por la imposición de actividades mineras. Esto ha sido evidente en los casos más álgidos como el del proyecto minero Tía María en Arequipa; la imposición de las concesiones mineras en Puno; el proyecto minero Quellaveco en Moquegua, el proyecto minero Pampamali en Huancavelica, entre otros.
La criminalización de dirigentes y líderes comunales. Está comprobado que el Estado peruano, a través de sus instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, para dar “solución” a los diversos conflictos sociales generados por la imposición de las actividades mineras, implementan acciones penales y policiales que vulneran derechos y libertades fundamentales. Producto de ello existe un número significativo de dirigentes y lideres criminalizados. Sólo por citar algunos ejemplos, tenemos que en Piura existen alrededor de 300 procesados de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba relacionados a las actividades de la empresa minera Zeijing; en Ancash, alrededor de 20 procesados del distrito de Huaraz relacionados a las actividades de la Empresa Minera Barrick Misquichilca; en Puno, existen alrededor de 42 dirigentes relacionados a la imposición de concesiones mineras.
El aumento de mujeres y niños víctimas por metales tóxicos. Está comprobado que en el Perú existen comunidades en donde hay una demostrada vulneración del derecho a la salud y la vida producto de las actividades de exploración, explotación, procesamiento, transporte y almacenamiento de minerales por parte de empresas mineras nacionales e internacionales. Entre los casos emblemáticos identificamos que en Junín existen alrededor de 30 mil personas en la localidad de La Oroya intoxicadas por las actividades de la fundición de DOE RUN; en Pasco existen alrededor de 300 personas en las localidades de Champamarca y Quiulacocha intoxicadas por los pasivos ambientales de Centromin Perú ; en la provincia del Callao existen alrededor de 80 mil personas intoxicadas por las actividades de transporte y almacenamiento de minerales de las empresas Perú Bar, Neptunia y Cormin.
La presencia y expansión de las actividades mineras en zonas sensibles que son fuentes de recursos naturales y de actividades económicas sostenibles. La minería viene incrementándose en términos de concesiones, exploración y explotación sin considerar la biodiversidad, las fuentes de recursos naturales, los servicios ambientales y el modelo de desarrollo económico (agricultura y ganadería) de los cuales viven las comunidades. Es así que muchas comunidades protegen sus recursos naturales y reafirman su modelo de desarrollo distinto a la minería, como por ejemplo en Ayabaca, Huancabamba y Tambogrande, ubicados en la región Piura; en el Valle del Tambo en la región Arequipa, en el distrito de Torata, en la región Moquegua; en el distrito de Ticaco, en la región Tacna; entre otros.
El modelo de desarrollo extractivista basado en la minería, para diversos sectores del Estado, pretende convertirse en fuente de legitimación social. Hoy, luego del acuerdo entre el Estado y las empresas mineras sobre el incremento de beneficios económicos (gravamen minero) por parte de este sector económico, es fundamental discutir la relación entre la dependencia de la explotación minera y el combate a la pobreza y el desarrollo nacional. Sobre todo para que la minería no se constituya en una fuente de afectación de derechos de las comunidades.
Para dar una respuesta a esta vulneración de derechos y proponer un modo de vida alternativo al extractivismo, sustentado en el respeto a la Madre Tierra el BUEN VIVIR y los derechos de nuestros pueblos y comunidades, nos reuniremos en el FORO NACIONAL DE LOS PUEBLOS ALTERNATIVO A LA 30º CONVENCION MINERA, donde revitalizaremos y presentaremos nuestras demandas y propuestas.
